La Asociación de Periodistas de Investigación de España (API) ha expresado su preocupación por el contenido del nuevo Proyecto de Ley de Información Clasificada, aprobado por el Consejo de Ministros, al considerar que algunos de sus aspectos podrían afectar negativamente al ejercicio del periodismo y, por extensión, al derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, tal como contempla el artículo 20 de la Constitución Española.
Aunque la asociación valora que el texto represente una actualización de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 —una normativa previa a la democracia—, advierte que la introducción de un régimen sancionador de carácter administrativo podría convertirse en un mecanismo disuasorio para los profesionales que trabajan con información de interés público. Las multas previstas oscilan entre los 30.000 euros para infracciones leves y los 2,5 millones de euros para las más graves.
La API recuerda que, bajo la legislación anterior, las sanciones eran exclusivamente penales, con penas de prisión de entre seis y doce años, y señala que el nuevo enfoque, aunque aparentemente más proporcional, podría resultar más intimidatorio, especialmente para medios independientes o periodistas autónomos con menor capacidad para afrontar litigios o sanciones económicas de esta magnitud.
Otro punto que genera inquietud es el papel que desempeña el derecho a la libertad de información dentro del nuevo texto legal. La norma lo contempla únicamente como un criterio para graduar la sanción, lo que, según la API, lo relega a la categoría de atenuante en lugar de constituir un límite claro frente a la clasificación de información. Esta interpretación, advierte la asociación, puede condicionar seriamente el trabajo de los periodistas cuando la información clasificada entre en conflicto con el interés público.
El sistema de clasificación de documentos planteado en la ley incluye cuatro niveles: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. En la mayoría de los casos, la decisión de qué información queda sujeta a estas categorías dependerá del propio Ejecutivo, sin intervención previa de órganos independientes ni mecanismos judiciales de control. Según la API, esta concentración de poder en el Gobierno puede dar lugar a un uso discrecional de la clasificación, con el consiguiente riesgo de obstaculizar la difusión de información relevante para el debate democrático.
La asociación ha pedido al Gobierno y al Parlamento que revisen en profundidad el texto legal durante su tramitación, con el objetivo de asegurar que se proteja el periodismo de investigación y que no se penalice el acceso o la difusión de información pública cuando esta resulte de interés para la ciudadanía.
