España ha descendido seis posiciones en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 elaborada por Reporteros Sin Fronteras (RSF), situándose en el puesto 29 con una puntuación de 75,42 puntos frente a los 77,35 puntos y la posición 23 que ocupaba en 2025, en un retroceso que responde a un deterioro generalizado de las condiciones en las que se ejerce el periodismo y que afecta de manera simultánea a todos los indicadores evaluados, desde el marco legal hasta la seguridad de los profesionales, pasando por la sostenibilidad económica del sector.
El informe identifica como causas principales el empeoramiento del entorno legal, el debilitamiento estructural del modelo económico de los medios, el impacto de la polarización política en el ecosistema informativo y un incremento de la hostilidad hacia los periodistas. Estos factores han contribuido a una pérdida de posiciones en prácticamente todos los indicadores.
En el ámbito político, España desciende hasta los 71,25 puntos, con una caída de dos puestos hasta el 28, en un contexto marcado por la polarización que ha derivado en una creciente politización de los medios, incluidos los públicos. Según RSF, esta dinámica ha contribuido a difuminar la frontera entre información y opinión, afectando a los estándares profesionales y a la credibilidad del conjunto del sistema mediático. La situación afecta tanto a medios nacionales como autonómicos y ha sido objeto de críticas por parte de organismos profesionales como los Consejos de Informativos de RTVE.
El indicador económico registra uno de los retrocesos más significativos, con una puntuación de 55,67 puntos (−2,39) y una caída hasta el puesto 40. RSF describe una situación de fragilidad estructural en el sector, marcada por la precariedad laboral, las dificultades para acceder a salarios estables y el impacto de las plataformas digitales sobre los ingresos tradicionales. El informe también señala la concentración del mercado y la dependencia de fuentes externas de financiación, incluida la publicidad institucional, como factores que pueden afectar a la independencia editorial.
En cuanto al marco legal, España pierde nueve posiciones hasta el puesto 26, con 80,58 puntos. El informe atribuye este descenso al aumento de las demandas estratégicas contra periodistas (SLAPPs), utilizadas como mecanismos de presión, así como a la falta de avances legislativos en cuestiones como la reforma de la denominada “Ley Mordaza” o la revisión de los delitos de opinión. RSF apunta además a déficits en la implementación del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios (EMFA), especialmente en materia de regulación del sector, transparencia en la propiedad de los medios y gestión de la publicidad institucional.
El contexto sociocultural también muestra un deterioro, con una puntuación de 79,04 puntos y una caída hasta el puesto 27. El informe señala un aumento de la desconfianza y la hostilidad hacia el periodismo, asociado a la creciente polarización del debate público. Esta evolución sitúa a la profesión entre las peor valoradas en encuestas, lo que, según RSF, debilita su papel en el sistema democrático.
En materia de seguridad, aunque sigue siendo el indicador mejor valorado, España desciende hasta los 90,55 puntos y cae siete posiciones hasta el puesto 35. RSF advierte de un aumento del acoso, tanto en el entorno digital como en el físico, con especial incidencia en mujeres periodistas, que sufren ataques más intensos y personalizados. El informe también menciona la presencia de actores que se presentan como periodistas en espacios institucionales y que interfieren en el trabajo informativo, contribuyendo a un clima de intimidación.
