InicioACTUALIDADUna fiscalía de Bogotá ordena revisar los correos y documentos de CasaMacondo

Una fiscalía de Bogotá ordena revisar los correos y documentos de CasaMacondo

Una fiscalía local de Bogotá ha ordenado revisar los correos, documentos y comunicaciones en los que se apoyan las informaciones del medio independiente colombiano CasaMacondo, así como las fechas en que los recibió. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denunció el lunes 9 de noviembre que la orden, emitida por la Fiscalía 315 Local de Bogotá, pone en riesgo el secreto profesional de los periodistas, y pidió que se revise de inmediato.

Según la FLIP, la diligencia busca verificar los soportes de lo que el medio publicó y puede hacerse a través de su página web o mediante una solicitud por escrito. La orden precisa que no exige identificar fuentes protegidas, pero la organización sostiene que el peligro no desaparece. Para la fundación, los documentos y las circunstancias en que un medio recibe una información pueden bastar para revelar quién se la entregó. Por eso sostiene que la orden «permite a la autoridad investigadora acceder a elementos del proceso de reportería».

En una actualización publicada el 10 de noviembre, la FLIP explicó el origen del caso. La querella la presentó el abogado Francisco Bernate como apoderado de una empresa constructora y se dirige contra las fuentes que habrían cuestionado el manejo de los recursos de esa compañía. En el procedimiento se ha pedido dejar fuera al medio y al periodista Juan Pablo Barrientos, que según la fundación afronta 13 denuncias penales activas y desconoce quién presentó la que ha motivado la orden.

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En un comunicado publicado el 9 de noviembre, CasaMacondo asegura que nunca ha mencionado a Bernate en sus publicaciones y exige a la Fiscalía que explique por qué ordenó la inspección, qué publicación pretende censurar y con qué facultades lo hizo. El medio sostiene que la orden está fechada el 28 de agosto y la firma una funcionaria que, según el registro público de empleo, figura como asistente fiscal en otra dirección seccional, por lo que cuestiona su competencia. «No renunciaremos a investigar», afirma el texto.

La propia Fiscalía General instruyó en 2023 a sus funcionarios para que se abstengan de ordenar actuaciones que pongan en peligro el secreto periodístico, incluidas las inspecciones a medios. Tanto la FLIP como CasaMacondo invocan esa Directiva 003 de 2023, y la fundación recuerda además los artículos 20, 73 y 74 de la Constitución colombiana, que protegen la libertad de información, la actividad periodística y el secreto profesional.

La FLIP reclama una respuesta de fondo a la solicitud que ya presentó ante la Fiscalía, la revisión inmediata de la orden y que se deje sin efecto cualquier requerimiento que comprometa información amparada por el secreto profesional. También pide que se garantice a Barrientos y a su defensa el acceso a la información que necesitan para ejercer sus derechos, y anuncia que hará seguimiento de la respuesta de la entidad.

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La inspección coincide con otro frente judicial abierto contra el medio, en un país en el que la SIP ya ha denunciado un patrón de acoso judicial contra periodistas. La Sala Plena de la Corte Constitucional tenía previsto estudiar el 9 de noviembre una tutela en la que es parte el expresidente de ese tribunal Jorge Enrique Ibáñez Najar y que obligó a CasaMacondo a retirar una investigación sobre él, además de prohibirle publicar nuevas informaciones sobre esos hechos. Según el medio, la discusión se aplazó a esta misma semana.

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