El Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa registró un deterioro generalizado de las condiciones para el periodismo en el continente americano durante el periodo comprendido entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025, con una puntuación media regional de 47,10 puntos sobre 100, el nivel más bajo desde la creación de este barómetro.
El informe analiza la situación en 23 países y muestra un aumento de los entornos restrictivos para el ejercicio del periodismo, marcado por agresiones, presiones institucionales, judicialización de la actividad informativa y dificultades económicas para los medios.
La medición se basa en evaluaciones realizadas por 195 jueces en los países analizados y examina tres dimensiones principales: el derecho de la ciudadanía a informarse y expresarse, la actuación del Estado frente a la violencia e impunidad contra periodistas y medios, y el control de los sistemas mediáticos y el ejercicio del periodismo. Según el informe, el deterioro no responde a una sola tendencia ideológica, sino a prácticas extendidas en distintos sistemas políticos, entre ellas el uso de mecanismos judiciales contra periodistas, la presión económica mediante la publicidad estatal y el lenguaje estigmatizante desde el poder político.
República Dominicana encabeza la clasificación con 82,17 puntos y se convierte en el único país de la región clasificado en la categoría “con libertad de expresión”. Le siguen Chile (77,22), Canadá (74,48), Brasil (72,14), Uruguay (68,78) y Jamaica (67,80), todos ellos situados en la franja de “baja restricción”. En estos países el informe identifica tensiones vinculadas principalmente a la concentración económica de los medios, presiones institucionales o debates regulatorios sobre el ecosistema digital, aunque sin alcanzar niveles de restricción estructural comparables a los de otras naciones de la región.
En el grupo intermedio aparecen países clasificados “en restricción”, como Argentina (53,02), Paraguay (51,09), Costa Rica (50,29), Estados Unidos (45,87), Colombia (45,37) y Guatemala (45,20). El caso estadounidense destaca por la caída más pronunciada del índice en esta edición, con un descenso de 22,65 puntos que lo llevó del cuarto al undécimo puesto. El informe señala, entre otros factores, el aumento de agresiones a periodistas durante coberturas informativas, cambios regulatorios que reducen protecciones para las fuentes periodísticas y el cierre de iniciativas mediáticas financiadas por el Estado.
La situación más crítica se concentra en los países clasificados en “alta restricción”, entre ellos Ecuador, Bolivia, Honduras, Perú, México, Haití, Cuba y El Salvador. En varios de estos casos el informe documenta asesinatos de periodistas, ataques físicos, presiones judiciales o limitaciones legales a la actividad informativa. México, por ejemplo, registró nueve asesinatos de periodistas durante el periodo analizado, mientras que en Honduras se documentaron homicidios de comunicadores y decenas de agresiones en el marco de un proceso electoral.
En la categoría más grave, “sin libertad de expresión”, aparecen Nicaragua y Venezuela. Nicaragua obtuvo 18,22 puntos y Venezuela apenas 7,02, el nivel más bajo del índice. En ambos países el informe describe un entorno caracterizado por persecución judicial, cierre de medios, vigilancia a periodistas y control estatal sobre la circulación de información.
El estudio identifica un patrón común en gran parte de la región: los poderes ejecutivos aparecen como el entorno institucional con mayor influencia en las situaciones adversas a la libertad de expresión. Entre las prácticas señaladas figuran el uso del aparato estatal para presionar a medios críticos, la criminalización del periodismo mediante leyes o demandas judiciales y la utilización de la publicidad oficial como mecanismo de control económico.
Según el informe, el deterioro de las condiciones para el periodismo también se vincula con factores estructurales como la crisis económica de los medios, la migración de ingresos publicitarios hacia plataformas digitales y la expansión de entornos violentos dominados por grupos criminales en algunos países. Estas circunstancias, combinadas con tensiones políticas y marcos regulatorios restrictivos, configuran un escenario que el estudio describe como uno de los más complejos para la libertad de prensa en la región en los últimos años.
El informe concluye que el próximo ciclo político en varios países del continente podría influir en el futuro del ecosistema informativo, en un momento en el que el periodismo afronta simultáneamente desafíos políticos, económicos y de seguridad.
