El Consejo de Ministros aprobará este martes el anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, que establece que los ingresos procedentes de publicidad institucional no podrán superar el 35% del importe neto de la cifra anual de negocios de los medios de comunicación, según han confirmado fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a la Cadena SER y a EFE.
La iniciativa forma parte del Plan de Acción por la Democracia impulsado por el Gobierno en septiembre de 2024 y se integra dentro del paquete de 31 reformas anunciadas en ese marco. El anteproyecto fija un límite a la financiación que los medios pueden recibir de las administraciones públicas en concepto de publicidad institucional, incluyendo la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
El texto persigue, según fuentes gubernamentales citadas por la Cadena SER, mejorar la transparencia sobre los ingresos de los medios de comunicación y evitar que algunos medios privados dependan mayoritariamente de recursos procedentes de administraciones públicas. Además, el Gobierno señala que la norma busca que se conozca el volumen de inversión en publicidad institucional por parte de las distintas administraciones.
La reforma pretende adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, en vigor desde el 8 de agosto y de aplicación directa en los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Esta normativa europea obliga a los medios a divulgar información sobre su estructura de propiedad y sobre las fuentes de financiación pública, incluida la publicidad institucional.
El anteproyecto deberá seguir ahora su tramitación legislativa antes de convertirse en ley, y necesita apoyos de otros partidos para salir adelante.
