El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha establecido que los ministros y otros altos responsables del Ejecutivo deberán consultar y coordinar previamente con la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia antes de conceder entrevistas, realizar declaraciones o participar en medios de comunicación.
La medida figura en una directiva firmada el 3 de septiembre que fija las pautas de comunicación institucional para ministerios, departamentos administrativos y otras entidades de la Rama Ejecutiva nacional durante los próximos cuatro años, según informa Infobae.
La nueva regulación introduce una coordinación previa de las intervenciones públicas de ministros, directores y otros responsables de organismos estatales cuando participen en medios de comunicación. El documento establece que podrán conceder entrevistas o realizar declaraciones siempre que previamente hayan consultado y coordinado esa participación con la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de Presidencia.
La directiva también establece que las decisiones, políticas públicas, programas, resultados, estadísticas y demás actuaciones de la Administración deberán difundirse principalmente a través de los canales institucionales de Presidencia, los ministerios y los organismos responsables de cada área.
Estos canales deberán mantenerse actualizados para garantizar el acceso de los ciudadanos a la información pública y facilitar su consulta y verificación.
Las cuentas personales dejan de ser canales oficiales prioritarios
Otra de las disposiciones afecta al uso de las redes sociales de los responsables públicos. Los funcionarios deberán utilizar prioritariamente las cuentas y canales de sus respectivas instituciones para comunicar cuestiones relacionadas con el ejercicio de sus cargos.
Las cuentas personales de ministros y otros funcionarios no serán consideradas canales primarios ni fuentes oficiales para comunicar decisiones, políticas, cifras o resultados del Gobierno.
La directiva se remite también a la Ley 2345 de 2023, que obliga a las instituciones públicas a identificar las cuentas autorizadas para ejercer funciones de comunicación institucional. Estas cuentas pertenecen a las propias entidades y no pueden quedar bajo el control de los funcionarios una vez que abandonen sus puestos.
Asimismo, se prohíbe utilizar recursos públicos para financiar perfiles personales que no hayan sido designados formalmente como canales de representación institucional.
Presidencia coordinará la comunicación en situaciones de especial impacto
La Secretaría para las Comunicaciones y Prensa asumirá además un papel de coordinación en situaciones de emergencia, catástrofes, crisis, alteraciones del orden público o anuncios que puedan tener una repercusión significativa en la opinión pública.
La misma coordinación se aplicará cuando una cuestión afecte simultáneamente a varios ministerios u organismos.
El documento señala que este sistema pretende evitar contradicciones entre organismos, diferencias en las cifras difundidas, duplicidades, anuncios anticipados o la publicación de información incompleta.
Las oficinas de comunicación de las distintas entidades deberán mantener contacto permanente con la Secretaría de Presidencia y reforzar sus procedimientos para responder a las solicitudes de periodistas, comunicadores y ciudadanos.
Comunicados, documentos, declaraciones, estadísticas y materiales audiovisuales de interés público deberán estar disponibles a través de los canales institucionales. La directiva incluye entre los principios que deben regir esta política de comunicación la transparencia, la veracidad, la oportunidad, la claridad, la accesibilidad y el respeto a la libertad de prensa.
Según recoge Infobae, la publicación de la directiva se produce después de que Caracol Radio difundiera un acta de reuniones entre responsables de comunicación de distintos ministerios y la responsable de comunicación de la Casa de Nariño, María Fernanda Sandoval, cuyo contenido generó controversia por las orientaciones transmitidas durante esos encuentros.
