La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) han reclamado mayores garantías para el ejercicio del periodismo en Colombia después de las amenazas de posibles atentados contra varios medios de comunicación, que obligaron a adoptar medidas extraordinarias de seguridad durante el fin de semana. Ambas organizaciones han advertido de que estos episodios se suman a una situación de violencia, intimidación y estigmatización de periodistas que ha provocado un deterioro de las condiciones para ejercer la profesión en el país.
Las alertas de seguridad conocidas el sábado 7 de noviembre provocaron la evacuación preventiva de las instalaciones de Caracol Televisión en Bogotá y la activación de protocolos de protección en Caracol Radio. Las advertencias también afectaron a RCN, ante la posibilidad de ataques contra las sedes de estas empresas periodísticas. Las autoridades colombianas iniciaron las verificaciones correspondientes y reforzaron las medidas de seguridad.
La SIP, en un comunicado difundido este lunes 9 de noviembre, ha condenado las amenazas y solicitado una respuesta inmediata, eficaz y sostenida de las autoridades. La organización considera necesario investigar su origen, identificar a los responsables y mantener dispositivos de protección coordinados con los medios y sus trabajadores.
Las dos organizaciones coinciden en que las amenazas contra los medios no afectan únicamente a los periodistas, sino también al derecho de los ciudadanos a recibir información libre e independiente.
El presidente de la SIP, Carlos Jornet, director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, ha señalado que las intimidaciones contra empresas periodísticas constituyen una agresión contra la democracia. Jornet ha defendido que ninguna organización criminal ni grupo violento puede determinar qué informaciones se publican, qué investigaciones se realizan o qué opiniones pueden expresarse.
El responsable de la organización interamericana también ha recordado la obligación de las instituciones colombianas de garantizar que las amenazas no condicionen la actividad informativa. Aunque la SIP ha valorado las manifestaciones de rechazo de las autoridades y las medidas preventivas anunciadas, considera imprescindible que las investigaciones permitan esclarecer los hechos y evitar su impunidad.
Más de 2.000 ataques contra periodistas en cuatro años
La AMI, que difundió su pronunciamiento el domingo 8 de noviembre, ha situado las amenazas recientes dentro de una problemática más amplia. La asociación recuerda que Colombia acumula varios años de violencia contra periodistas, especialmente en las regiones, acompañada de episodios de estigmatización y señalamientos públicos contra profesionales y organizaciones informativas.
Según las cifras recogidas por la AMI, entre agosto de 2022 y julio de 2026 se registraron más de 2.000 ataques contra cientos de periodistas colombianos, incluidos diez asesinatos, cuatro de ellos durante 2026. La organización señala asimismo que, durante ese periodo, se ha registrado un promedio de un periodista amenazado cada dos días.
Los datos difundidos por la asociación colombiana muestran que las amenazas contra las grandes cadenas de Bogotá forman parte de un problema de seguridad que afecta también a numerosos periodistas regionales.
La AMI ha recurrido igualmente al Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, elaborado por la SIP, para advertir del retroceso de las garantías periodísticas en Colombia. Según la asociación, el país figura entre los que han experimentado un mayor deterioro de sus indicadores de libertad de prensa.
Su comunicado distingue entre las amenazas de violencia física, los ataques que sufren periodistas en distintas regiones y los señalamientos públicos contra los medios. Aunque reconoce que se trata de fenómenos diferentes, considera que todos plantean interrogantes sobre las condiciones en las que se desarrolla la actividad informativa.
La asociación colombiana también presta especial atención al lenguaje utilizado desde las instituciones y por quienes ejercen responsabilidades públicas. A su juicio, las declaraciones de las autoridades tienen una influencia particular sobre la percepción social de los periodistas y pueden contribuir a generar ambientes de respeto o de hostilidad hacia su trabajo.
La AMI advierte de que la protección del periodismo también exige revisar los discursos públicos que pueden contribuir a desacreditar a los medios y a sus profesionales.
Reclaman medidas de protección permanentes y garantías institucionales
La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, directora de la Organización Editorial Mexicana, ha advertido de las consecuencias que tiene para el trabajo informativo la posibilidad de sufrir represalias violentas. Según Ramos, cuando los profesionales deben valorar si una información puede poner en peligro su vida o la de sus compañeros, la libertad de prensa ya se encuentra comprometida.
La SIP ha insistido en que la actuación del Estado no puede limitarse a responder ante situaciones de emergencia. La organización reclama una política permanente de protección que combine prevención, investigación y sanción de las agresiones, además de mecanismos efectivos de coordinación con las empresas informativas.
Por su parte, la AMI sostiene que las garantías para ejercer el periodismo deben mantenerse con independencia de los cambios de gobierno. La asociación defiende la necesidad de políticas públicas concretas que permitan proteger a los profesionales y asegurar la pluralidad de voces, especialmente en las zonas del país donde los riesgos para la actividad periodística son mayores.
Ambas entidades reclaman que la seguridad de los periodistas deje de depender exclusivamente de respuestas puntuales ante amenazas y se convierta en una obligación permanente de las instituciones.
Las advertencias contra Caracol y RCN también han provocado pronunciamientos de organismos públicos colombianos. La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo rechazaron las posibles amenazas y pidieron esclarecer los hechos, determinar su alcance y garantizar la protección de quienes trabajan en los medios afectados.
Caracol Televisión, por su parte, confirmó que había recibido una alerta de las autoridades sobre una posible amenaza contra sus instalaciones y que activó sus protocolos de seguridad para proteger a sus empleados y mantener la continuidad de sus operaciones. La empresa agradeció la colaboración de la Policía Nacional y expresó su solidaridad con los demás medios afectados.
La AMI ha subrayado especialmente que la libertad de prensa no constituye un privilegio de los profesionales de la información, sino una garantía de los ciudadanos. La organización considera que la intimidación, la censura y la autocensura reducen la diversidad de voces disponibles para comprender la realidad y participar en el debate público.
