El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha anunciado la presentación de alegaciones al anteproyecto de Ley Orgánica aprobado por el Consejo de Ministros que regula por primera vez de forma específica el derecho al secreto profesional de los periodistas, en cumplimiento del artículo 20.1.d) de la Constitución Española. La corporación andaluza considera que el texto impulsado por el Gobierno el pasado 22 de julio excluye a los órganos colegiados de la profesión, y ya estudia la vía judicial para reclamar la creación del Consejo General de Colegios de Periodistas, cuya ausencia impide —según sostiene— una defensa efectiva de los intereses profesionales y del derecho a la información veraz.
El CPPA señala que la norma se ha tramitado sin consultar a los Colegios profesionales y que, pese a establecer garantías para proteger la confidencialidad de las fuentes, el rechazo a entregar material periodístico o la protección frente a vigilancia intrusiva, introduce elementos que interfieren en competencias propias de estos órganos. En particular, critica que el anteproyecto pretenda someter los mecanismos de autorregulación de la profesión periodística a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ignorando las atribuciones que la ley confiere a los Colegios. También denuncia la exclusión de las comisiones de ética y deontología colegiadas, como las de Andalucía y Catalunya.
En un comunicado, el Colegio andaluz califica la situación como una “indefensión deliberada” y exige que la regulación del secreto profesional se elabore de forma colegiada y consensuada con los representantes legales del sector. Días antes, el CPPA ya había expresado públicamente su preocupación, en coordinación con la Red de Colegios de Periodistas de España, por la ausencia de diálogo y de información previa sobre los contenidos del texto normativo.
El órgano andaluz advierte del riesgo que implica aprobar una ley que afecta de manera directa al ejercicio profesional del periodismo sin tener en cuenta a quienes están legalmente facultados para representar a la profesión, y reclama un proceso participativo que permita un consenso real.
