Organizaciones profesionales y sindicales de periodistas han reclamado que España avance sin más demoras en la aplicación efectiva del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA), cuyas principales disposiciones son aplicables desde agosto de 2025. La exigencia se ha planteado este martes en Barcelona, durante una mesa redonda en la que representantes del sector periodístico y de las administraciones han advertido de la necesidad de convertir las garantías previstas por la Unión Europea en medidas concretas para proteger la independencia editorial, el pluralismo informativo y el derecho de la ciudadanía a recibir información.
El encuentro, celebrado en la sede de la Oficina del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea en Barcelona, ha sido organizado por la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), con el respaldo de la Federación Europea de Periodistas (FEP). Los participantes han coincidido en que la aplicación de la normativa europea no puede seguir condicionada por los bloqueos legislativos y han reclamado actuaciones inmediatas dentro de las competencias de cada administración.
Según informa La Vanguardia, uno de los principales asuntos abordados ha sido la necesidad de reforzar las garantías legales de los periodistas frente a las presiones políticas y económicas. Francesc Ràfols, secretario general del SPC y miembro de la junta de la FeSP, ha recordado que el derecho a la información pertenece a la ciudadanía y que su ejercicio requiere profesionales independientes, condiciones laborales dignas y mecanismos eficaces para impedir las interferencias externas.
Ràfols ha destacado entre las principales obligaciones del reglamento la transparencia sobre la propiedad de los medios, la independencia de los operadores públicos, la protección de las fuentes periodísticas y la supervisión de las concentraciones empresariales que puedan perjudicar el pluralismo.
La directora de la Federación Europea de Periodistas, Renate Schroeder, ha insistido en que la EMFA es un reglamento directamente aplicable en los Estados miembros y que su cumplimiento no depende de la voluntad política de cada Gobierno. Ha animado a las organizaciones profesionales y a la sociedad civil a utilizar también la vía judicial cuando detecten vulneraciones de sus disposiciones.
Schroeder ha señalado especialmente la protección de las fuentes periodísticas frente a la vigilancia, la independencia política y financiera de los medios públicos y la transparencia de la propiedad como tres de los ámbitos que requieren una aplicación efectiva de la legislación europea. También ha advertido de la importancia de prevenir los conflictos de intereses y evaluar las operaciones de concentración de medios atendiendo a sus consecuencias sobre el pluralismo informativo.
La representante europea ha defendido que estas garantías no responden únicamente a las necesidades de los profesionales de la información, sino a un derecho democrático fundamental. “No es una cuestión de los periodistas, sino del derecho de la ciudadanía a saber”, ha afirmado.
Por parte de la Generalitat de Catalunya, el director general de Mitjans de Comunicació, Marc Melillas, ha lamentado la paralización de la tramitación legislativa estatal relacionada con la aplicación del reglamento, aunque ha defendido que esta situación no debe impedir que el Govern avance en las materias de su competencia.
“El reglamento es de obligado cumplimiento. Por tanto, todo aquello que podamos hacer, hagámoslo”, ha señalado Melillas, que ha mencionado las medidas adoptadas para reforzar la transparencia y la independencia de la Agència Catalana de Notícies (ACN), incluidos los procedimientos públicos de selección de sus responsables y los cambios en su gobernanza.
El representante de la Generalitat también ha identificado la tramitación de una nueva ley catalana de medios audiovisuales como una oportunidad para incorporar las exigencias europeas. Ha advertido, no obstante, de que la eficacia de las nuevas obligaciones dependerá también de que los organismos reguladores dispongan de recursos suficientes y de capacidad real para supervisar su cumplimiento.
Josep Carles Rius, presidente de la Fundació Consell de la Informació de Catalunya (FCIC), ha defendido que los mecanismos de autorregulación periodística deben complementarse con normas legales que permitan exigir responsabilidades y garantizar la independencia profesional. A su juicio, la EMFA ofrece una oportunidad para avanzar hacia un modelo de corregulación que combine los compromisos deontológicos del sector con instrumentos públicos de supervisión.
Rius también ha advertido sobre la creciente influencia de los grandes poderes económicos y tecnológicos en la circulación de información y sobre las consecuencias de la desinformación para la confianza ciudadana en los medios. Ha defendido una legislación catalana ambiciosa que contribuya a reforzar el pluralismo y la independencia editorial.
El Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, aprobado en 2024, comenzó a aplicar la mayor parte de sus disposiciones el 8 de agosto de 2025. Entre sus objetivos figuran proteger a los periodistas frente a las injerencias, establecer garantías para la independencia de los medios públicos, aumentar la transparencia de la propiedad y de la publicidad institucional y reforzar el control de las concentraciones mediáticas.
