El diario ecuatoriano Expreso ha puesto fin a su edición impresa después de 53 años de circulación ininterrumpida. El periódico, uno de los referentes informativos del país, publicó su último ejemplar en papel el viernes 9 de octubre y continuará su actividad en formato digital. La decisión llega después de un prolongado enfrentamiento entre su empresa editora, Gráficos Nacionales S. A. (Granasa), y distintas instituciones del Estado, al que la compañía atribuye buena parte de las dificultades económicas que han precipitado el cierre.
La editora asegura haber perdido cerca del 70 % de su publicidad durante los meses de conflicto con el Gobierno ecuatoriano, una caída de ingresos que ha coincidido con investigaciones tributarias, actuaciones judiciales y una intervención administrativa de la compañía. Las organizaciones defensoras de la libertad de prensa han expresado su preocupación por las consecuencias que estas actuaciones pueden tener sobre la independencia de los medios de comunicación.
La última portada del periódico recogía expresamente la interpretación de sus responsables sobre lo ocurrido: «Expreso abandona el papel orillado por el acoso estatal». La cabecera, fundada en 1973 en Guayaquil, ha insistido en que su desaparición de los quioscos no supone el final de su actividad periodística. El otro diario de Granasa, Extra, continuará publicándose tanto en papel como en formato digital.
La caída de la publicidad y la intervención administrativa
Uno de los factores determinantes de la crisis ha sido la pérdida de anunciantes. Según los responsables de Granasa, aproximadamente siete de cada diez ingresos publicitarios que recibía la compañía han desaparecido durante el enfrentamiento con las autoridades. Sus directivos sostienen que algunas empresas retiraron sus campañas después de recibir presiones o ante el temor de sufrir consecuencias por mantener relaciones comerciales con el grupo editor.
En declaraciones recogidas por Ecuavisa, el presidente ejecutivo de Granasa, Galo Martínez Leisker, denunció amenazas a clientes mediante posibles actuaciones del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Estas acusaciones forman parte de las denuncias públicas de la compañía y no deben confundirse con hechos judicialmente acreditados.
El deterioro de los ingresos publicitarios se ha producido mientras Granasa permanece intervenida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros desde febrero de 2026. La medida fue adoptada a petición de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), que posee un 2,56 % de las acciones de la editora, en medio de una disputa sobre derechos societarios y acceso a información de la empresa.
La Superintendencia ha defendido la intervención como una actuación legal destinada a supervisar la situación económica y financiera de Granasa y corregir posibles irregularidades. Su responsable, Luis Cabezas-Klaere, rechazó en abril las acusaciones de presión estatal y vinculó el levantamiento de la medida al cumplimiento de determinadas obligaciones societarias. La editora, en cambio, considera que las actuaciones administrativas han dificultado operaciones comerciales y limitado su capacidad para afrontar los problemas financieros.
El conflicto se remonta a septiembre de 2025, cuando el SRI inició actuaciones sobre distribuidores de los periódicos del grupo. Posteriormente se abrieron investigaciones por presuntas irregularidades tributarias y lavado de activos, acusaciones rechazadas por la empresa. Granasa sostiene que las investigaciones no han demostrado las irregularidades que se le atribuyeron y que su acumulación ha perjudicado tanto a su reputación como a sus relaciones comerciales.
La SIP alerta sobre las presiones económicas a los medios críticos
El anuncio del cierre ha provocado la reacción de organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa del periodismo. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha lamentado el final de la edición impresa y ha pedido a las autoridades ecuatorianas que cesen las actuaciones de hostigamiento contra periodistas y medios críticos.
La organización ha advertido de que las presiones económicas y administrativas pueden convertirse en instrumentos de censura indirecta. Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, ha señalado que el deterioro económico de un medio no puede analizarse de manera aislada cuando viene precedido de actuaciones estatales y denuncias de presiones sobre anunciantes y periodistas.
La preocupación de estas organizaciones se centra en que las actuaciones administrativas y la retirada de publicidad puedan comprometer la continuidad de medios críticos sin necesidad de prohibir expresamente sus publicaciones. La SIP considera que estas formas de presión pueden tener efectos similares a los de la censura directa.
Fundamedios, organización ecuatoriana especializada en libertad de expresión, también ha documentado las investigaciones tributarias, los allanamientos, las disputas societarias y las denuncias de presiones sobre periodistas y anunciantes. La entidad considera que la sucesión de actuaciones contra Granasa ha creado un grave riesgo de asfixia financiera para la compañía.
Entre los episodios que han marcado el enfrentamiento figura la publicación de portadas en blanco de Expreso y Extra en abril de 2026, como protesta por las actuaciones judiciales y administrativas contra su empresa editora.
Una reunión decisiva para el futuro de Granasa
La desaparición de la edición impresa no resuelve las dificultades que atraviesa la compañía. Granasa ha convocado una junta general extraordinaria de accionistas para el 13 de octubre, en la que se examinará su situación financiera y se abordarán posibles operaciones de venta de propiedades y marcas editoriales.
La reunión también deberá analizar las obligaciones laborales de la empresa y el destino de los recursos que puedan obtenerse mediante la venta de activos. Por el momento, no se ha concretado públicamente el alcance definitivo de la reorganización ni el número de trabajadores que podrían verse afectados.
El futuro digital de Expreso queda así vinculado a la reestructuración de Granasa y a la resolución de sus conflictos administrativos y societarios. Aunque la cabecera ha confirmado su continuidad informativa en internet, todavía no se conocen los detalles de su nueva organización editorial y empresarial.
