El Observatorio del Derecho a la Información (ObsInfo) ha comenzado su actividad en España con el propósito de supervisar el cumplimiento de las normas legales y deontológicas que regulan el periodismo, analizar el funcionamiento de los medios de comunicación y denunciar posibles vulneraciones del derecho ciudadano a recibir información veraz y plural. La iniciativa, presentada el 3 de noviembre, reúne a organizaciones profesionales, facultades universitarias y grupos de investigación, y estará dirigida por el periodista Xosé Manuel Pereiro, exdecano del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia.
El nuevo organismo pretende establecer un sistema de seguimiento de las prácticas informativas que combine la investigación académica, la experiencia de las asociaciones profesionales y la participación ciudadana. Entre sus principales compromisos figuran la publicación de informes periódicos sobre el estado del derecho a la información, la difusión de investigaciones elaboradas por las entidades participantes y la presentación de denuncias ante los organismos competentes cuando se detecten posibles incumplimientos.
La iniciativa pretende ampliar la vigilancia del ejercicio periodístico más allá de los mecanismos de autorregulación existentes, incorporando a universidades, organizaciones profesionales y ciudadanos. Sus promotores consideran que España presenta deficiencias en la protección efectiva del derecho a la información, pese a contar con legislación europea y organismos encargados de velar por las buenas prácticas periodísticas.
Esta valoración forma parte del diagnóstico de las entidades impulsoras, que sostienen que los mecanismos actuales resultan insuficientes para garantizar la observancia de las obligaciones legales y deontológicas de los medios. El Observatorio aspira a contribuir a su mejora mediante investigaciones, seguimiento de casos y actuaciones ante las instancias correspondientes.
Informes periódicos y denuncias sobre las prácticas informativas
El trabajo del ObsInfo se organizará alrededor de tres grandes actividades: examinar la situación del derecho a la información en España, reunir y divulgar investigaciones relacionadas con su ejercicio y promover actuaciones frente a posibles vulneraciones.
La organización también contempla recibir y difundir denuncias de particulares y colectivos que consideren vulnerado su derecho a la información. Esta participación ciudadana constituye uno de los elementos centrales de su planteamiento, que sitúa a los receptores de noticias como titulares de un derecho cuya protección no corresponde exclusivamente a las empresas informativas ni a los profesionales.
El Observatorio quiere que las posibles vulneraciones del derecho a la información puedan ser examinadas públicamente y trasladadas a las autoridades u organismos competentes. Sin embargo, el anuncio de constitución no establece todavía un calendario concreto para la publicación de su primer informe ni detalla los procedimientos que utilizará para recibir, comprobar y tramitar las denuncias.
Una de las líneas de actuación señaladas por la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), que se ha incorporado al proyecto, está relacionada con la aplicación en España del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA). La organización ha anunciado su intención de promover una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por las deficiencias que aprecia en su aplicación.
El reglamento europeo introduce garantías relacionadas con la independencia editorial, el pluralismo y la protección de los medios frente a determinadas interferencias. Su aplicación supone también nuevas exigencias para las autoridades nacionales encargadas de supervisar el sector.
Una alianza entre universidades y organizaciones profesionales
El Observatorio está promovido por la Fundación Contexto y Acción y cuenta con la participación de organizaciones profesionales e instituciones académicas de diferentes comunidades autónomas.
Entre las entidades adheridas figuran la Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC), el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, la Asociación y Colegio Vasco de Periodistas y la Federación de Sindicatos de Periodistas.
En el ámbito universitario participan facultades y grupos de investigación de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad de Sevilla, la Universitat Pompeu Fabra y la Universidade de Santiago de Compostela. También se ha sumado la red iberoamericana de investigación Democ-Com.
La combinación de investigadores especializados en comunicación y representantes de la profesión busca proporcionar una base de conocimiento para evaluar las prácticas de los medios. Esta estructura permitirá aprovechar investigaciones ya realizadas por las instituciones participantes y desarrollar trabajos conjuntos sobre los problemas que afectan al ejercicio del periodismo.
Entre sus miembros se encuentran Jesús Ceberio, exdirector de El País; Magis Iglesias, expresidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE); Margarita Ledo Andión, académica y fundadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidade de Santiago de Compostela; y Josep Lluís Gómez Mompart, catedrático emérito de Periodismo de la Universitat de València.
También participan Aurora Labio-Bernal, profesora de Periodismo de la Universidad de Sevilla; Carmen Peñafiel, presidenta de la AE-IC; Amaia Goikoetxea, decana de la Asociación y Colegio Vasco de Periodistas; y otros especialistas en políticas de comunicación, periodismo y democracia.
La independencia y los criterios de evaluación, entre los principales desafíos
El nacimiento del Observatorio introduce una nueva iniciativa en el ámbito de la supervisión de las prácticas periodísticas, aunque su capacidad de actuación será distinta de la que corresponde a los organismos reguladores. El ObsInfo se presenta como una plataforma de investigación, seguimiento y denuncia, no como una autoridad pública dotada de potestad sancionadora.
Su funcionamiento planteará cuestiones relacionadas con los procedimientos de evaluación, las garantías para los medios afectados y la separación entre los incumplimientos de las normas profesionales y las discrepancias legítimas sobre las decisiones editoriales.
La credibilidad de sus futuras actuaciones dependerá de que los criterios utilizados para examinar a los medios sean públicos, verificables y aplicados con independencia de su orientación editorial. También será relevante conocer cómo se documentarán las posibles infracciones, qué oportunidades de respuesta tendrán los afectados y cómo se distinguirán las conclusiones de una investigación de las valoraciones de sus promotores.
