Google ha incorporado a sus condiciones de uso de inteligencia artificial una prohibición expresa de utilizar agentes autónomos para eludir muros de pago, ignorar las restricciones de rastreo de páginas web o acceder a servicios sin autorización. Las nuevas reglas, vigentes desde el 12 de octubre de 2026, afectan directamente a la relación entre los sistemas de IA y los editores digitales, al tiempo que introducen nuevas responsabilidades para las empresas periodísticas que utilizan agentes automatizados en sus propios procesos.
Una de las disposiciones más relevantes para los medios es el reconocimiento explícito de las restricciones que los propietarios de sitios web establecen frente a la extracción automatizada de contenidos. Google considera una práctica prohibida que los agentes engañen a los sistemas con los que interactúan, oculten o falseen su identidad o sorteen las limitaciones de terceros sobre el rastreo, la extracción de información y el uso de tecnologías automatizadas.
Las medidas forman parte de las nuevas directrices de uso responsable de agentes de IA de Google Cloud y de la actualización de las condiciones contractuales de Google Workspace y Google Cloud. A diferencia de los sistemas de IA que se limitan a generar respuestas, los agentes pueden navegar por internet, consultar bases de datos, utilizar aplicaciones, modificar archivos y ejecutar operaciones en nombre de personas u organizaciones, tanto bajo supervisión como de forma autónoma.
Una protección expresa para los muros de pago y las restricciones de acceso
Las nuevas directrices identifican específicamente la elusión de muros de pago como una conducta prohibida. También impiden utilizar agentes para sortear las restricciones que imponen terceros sobre el rastreo y la extracción automatizada de contenidos, una práctica especialmente sensible para los periódicos y las publicaciones digitales que intentan controlar cómo acceden los sistemas de IA a su información.
Esto afecta potencialmente a los agentes que recorren páginas web para recopilar noticias, elaborar resúmenes, alimentar servicios de seguimiento informativo o construir bases de datos a partir de contenidos publicados por otros medios. Si una publicación establece restricciones de acceso o de extracción automatizada, los agentes desplegados sobre los servicios sujetos a estas condiciones no pueden eludirlas mediante técnicas de ocultación o engaño.
La novedad refuerza la posición contractual de los editores frente a determinadas formas de extracción automatizada, aunque no constituye una prohibición general de utilizar contenidos periodísticos para alimentar servicios de inteligencia artificial. Tampoco establece un mecanismo de remuneración para los medios, un derecho automático a exigir licencias ni una nueva obligación de compensar a los propietarios de los contenidos.
Su alcance es más específico: Google fija restricciones para el comportamiento de los agentes desplegados por sus clientes, sin extender automáticamente esas condiciones a todos los rastreadores de internet ni modificar por sí mismas las reglas aplicables al buscador de Google o al entrenamiento de sus propios modelos.
La distinción es importante para los editores. Las directrices pueden contribuir a proteger las barreras de acceso que establecen los medios, pero no resuelven los conflictos sobre propiedad intelectual, utilización de contenidos para entrenar modelos o compensación económica por el uso de información periodística.
Prohibidas las campañas de desinformación y la manipulación artificial de audiencias
Otro grupo de restricciones afecta directamente a la integridad de la información y a las métricas digitales. Google prohíbe desplegar agentes para desarrollar campañas de desinformación, crear contenidos fraudulentos, suplantar identidades o coordinar operaciones de influencia destinadas a difundir información falsa.
Las directrices también incluyen la prohibición de manipular fraudulentamente indicadores digitales mediante generación artificial de clics, interacciones simuladas, interferencias en encuestas o alteraciones de los sistemas de análisis de tráfico.
Estas restricciones afectan a prácticas que pueden distorsionar las audiencias de los medios, los resultados de las campañas publicitarias y la información utilizada para tomar decisiones editoriales y comerciales. Los agentes no pueden utilizarse para generar tráfico ficticio, aumentar artificialmente la participación de los usuarios o interferir deliberadamente en los sistemas de medición.
Google también prohíbe organizar campañas coordinadas de acoso en varias plataformas, automatizar denuncias masivas contra usuarios o contenidos y crear numerosas cuentas con el propósito de evitar los mecanismos de detección y las restricciones de los servicios digitales.
Las disposiciones tienen una doble dimensión para los editores: pueden limitar determinados usos abusivos de la automatización que perjudican a los medios, pero también restringen las actividades que estos desarrollen con herramientas de IA en áreas como la distribución de contenidos, la promoción digital o la captación de audiencias.
Los medios asumirán la responsabilidad de las acciones de sus agentes
La actualización contractual introduce otro cambio especialmente relevante para las empresas periodísticas que están incorporando agentes de IA a las redacciones y a sus departamentos de negocio.
Google establece que el cliente es el único responsable de las acciones y omisiones de sus agentes, de determinar si son adecuados para las tareas encomendadas, de autorizar su acceso a datos y aplicaciones y de supervisar su funcionamiento cuando se utilicen en entornos operativos reales.
Las condiciones distinguen expresamente entre el contenido generado por un sistema de IA y las acciones que ejecuta un agente. Estas últimas quedan fuera de la definición contractual de contenido generado, una separación que tiene consecuencias para la atribución de responsabilidades y para las garantías de propiedad intelectual.
Para un periódico, esta diferencia puede afectar a sistemas utilizados para publicar noticias, modificar contenidos en un gestor editorial, enviar boletines, actualizar bases de datos de suscriptores o automatizar operaciones comerciales.
Si un agente publica información incorrecta, modifica archivos, ejecuta una operación no autorizada o accede indebidamente a determinados datos, el contrato atribuye al cliente la responsabilidad por esas actuaciones. Google también precisa que el cliente asume la responsabilidad derivada de desactivar o eludir los mecanismos de seguridad que algunos servicios incorporan para exigir confirmación humana antes de determinadas operaciones.
Además, la compañía excluye, en los términos establecidos en el contrato, su responsabilidad y sus obligaciones de indemnización por reclamaciones derivadas del uso de agentes creados por el cliente o por terceros, así como de los servicios externos a los que estos accedan.
En sus condiciones generales de Google Cloud, Google añade expresamente el uso de agentes de IA a los supuestos en los que el cliente puede tener que defender e indemnizar a la compañía frente a procedimientos de terceros derivados del incumplimiento de sus políticas de uso.
Control de datos personales y protección de información sensible
Las nuevas directrices también restringen la utilización de agentes para recopilar información personal y elaborar perfiles de usuarios a partir de datos privados obtenidos sin consentimiento, incluidos datos relativos a características protegidas.
La prohibición se extiende a la vigilancia masiva y al uso de reconocimiento facial o tecnologías biométricas para realizar seguimientos individualizados entre plataformas sin consentimiento.
Estas disposiciones afectan a posibles aplicaciones de IA relacionadas con la segmentación de usuarios, el análisis de audiencias, la personalización y determinadas actividades de investigación automatizada. No prohíben de manera general utilizar agentes para analizar datos de suscriptores o lectores, pero sí establecen límites a la obtención y utilización de información personal sin las autorizaciones correspondientes.
Google también restringe el uso de agentes para modificar archivos o eludir permisos sin autorización expresa del cliente. La misma exigencia se aplica a la creación de agentes adicionales, subagentes o procesos derivados que puedan superar razonablemente las funciones autorizadas.
Para las organizaciones periodísticas, esta disposición adquiere especial importancia cuando una misma herramienta tiene acceso a documentación interna, fuentes confidenciales, información comercial o bases de datos de usuarios.
Google recomienda autorización humana para las decisiones de mayor riesgo
La compañía advierte de que los agentes pueden realizar actuaciones distintas de las previstas o verse afectados por ataques externos, como instrucciones maliciosas introducidas en los contenidos que procesan.
Para reducir esos riesgos, recomienda establecer supervisión humana y mecanismos de aprobación expresa antes de utilizar agentes en operaciones con posibles consecuencias legales, económicas o difíciles de revertir.
Entre los supuestos mencionados figuran las negociaciones y decisiones contractuales, las transacciones financieras, la aceptación de condiciones legales o de tecnologías de seguimiento y la modificación o transferencia de datos de sistemas operativos cuando esas actuaciones no puedan deshacerse fácilmente.
También advierte sobre el consumo de recursos y los gastos generados por los agentes, cuyo importe corresponde asumir al cliente.
La supervisión humana adquiere así un papel central en la implantación de agentes capaces de actuar sobre sistemas de publicación, bases de datos, contratos y procesos comerciales de los medios. No obstante, las nuevas directrices formulan estas medidas como recomendaciones reforzadas, no como una obligación universal de aprobar manualmente todas las operaciones.
Propiedad intelectual: Google no reclama los agentes creados por los clientes
Las condiciones actualizadas también aclaran la titularidad de los sistemas de IA. Google establece que no reclama derechos de propiedad intelectual sobre los agentes creados por sus clientes ni sobre los desarrollados por terceros, salvo por los elementos de propiedad intelectual preexistente de Google que puedan incorporar.
Por el contrario, mantiene la titularidad de los agentes desarrollados por la propia compañía.
Las condiciones de Workspace conservan asimismo la disposición según la cual Google no reclama derechos sobre la nueva propiedad intelectual que pueda existir en los contenidos generados por sus servicios de IA. También mantienen el compromiso de no utilizar los datos de los clientes de Workspace para entrenar o ajustar sus modelos generativos sin autorización o instrucciones previas.
La compañía conserva igualmente sus compromisos específicos de indemnización relacionados con determinadas reclamaciones por propiedad intelectual sobre resultados generados y datos de entrenamiento, aunque sujetos a condiciones y exclusiones. Estas garantías no se extienden automáticamente a las actuaciones de agentes propios o de terceros.
Esta diferenciación resulta relevante para las empresas periodísticas que desarrollen asistentes editoriales o herramientas internas sobre la infraestructura de Google, ya que separa los derechos sobre el software y los contenidos generados de las responsabilidades derivadas de las operaciones automatizadas.
Un avance limitado en la protección de los contenidos periodísticos
Las nuevas condiciones suponen un reconocimiento explícito de que los agentes de IA deben respetar las restricciones técnicas y de acceso establecidas por los propietarios de páginas web, incluidos los medios de comunicación.
Sin embargo, su alcance presenta una limitación importante: Google regula el comportamiento de los agentes utilizados dentro de sus servicios, pero no establece nuevas condiciones generales de acceso a los contenidos periodísticos para toda la industria de la inteligencia artificial.
Para los editores, la actualización introduce una protección contractual adicional frente a determinadas prácticas de extracción no autorizada y manipulación digital. Al mismo tiempo, aumenta la importancia de controlar los agentes que incorporan a sus propias organizaciones, especialmente cuando pueden publicar información, acceder a documentación sensible o ejecutar operaciones sin intervención humana.
Las medidas, vigentes desde el 12 de octubre de 2026, forman parte de la adaptación de los contratos de Google a una generación de herramientas que ya no se limita a producir contenidos, sino que puede intervenir directamente en los procesos de trabajo y negocio de las empresas informativas.
