Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha publicado una guía práctica dirigida a periodistas y redacciones para afrontar la cobertura de grandes terremotos, con recomendaciones que abarcan desde la preparación de los equipos y la seguridad sobre el terreno hasta la verificación de información, el tratamiento de las víctimas y la comunicación de riesgos a la población.
El documento parte de una premisa que condiciona toda la cobertura: la seguridad debe prevalecer sobre la obtención de imágenes, testimonios o emisiones en directo. Entre otras medidas, recomienda interrumpir el trabajo durante un terremoto, mantenerse alejado de estructuras inestables y evaluar los riesgos antes de reanudar la actividad periodística. RSF insiste en que ninguna exclusiva, imagen o transmisión justifica exponer a un periodista a un riesgo innecesario.
La guía también plantea obligaciones para las propias redacciones. Los medios que desplieguen equipos a una zona afectada deberían disponer previamente de planes de emergencia, equipos de protección personal, sistemas alternativos de comunicación y procedimientos claros de evacuación. Los periodistas destinados a estas coberturas deberían contar además con conocimientos básicos de sismología, primeros auxilios, gestión de riesgos y protocolos de protección civil.
Uno de los apartados centrales se dedica a la verificación en un contexto en el que los rumores y los contenidos no comprobados pueden propagarse rápidamente. RSF recomienda contrastar los hechos antes de publicarlos, recurrir a fuentes oficiales y científicas y evitar divulgar cifras de víctimas, alertas sobre nuevos terremotos o informaciones procedentes de redes sociales que no hayan sido confirmadas. La organización plantea la verificación no solo como una exigencia periodística, sino como una cuestión de seguridad pública durante una emergencia.
La guía propone además que los medios prioricen información que pueda resultar directamente útil para la población: magnitud y localización del terremoto, zonas afectadas, medidas de protección, estado de las vías de transporte y comunicación, refugios habilitados y centros de asistencia. Al mismo tiempo, aconseja evitar titulares alarmistas y diferenciar con claridad entre hechos confirmados, hipótesis, testimonios y opiniones.
El tratamiento de imágenes y entrevistas ocupa otro de los bloques principales. RSF recomienda no explotar visualmente el sufrimiento de las víctimas, valorar si una imagen aporta información de interés público o únicamente provoca impacto y extremar las precauciones con menores y otras personas vulnerables. También aconseja evitar entrevistas durante operaciones de rescate, tratamientos médicos o situaciones de especial conmoción, así como respetar inmediatamente la decisión de una persona que no quiera hablar con los medios. El documento recuerda que la cobertura de una catástrofe no elimina las obligaciones de privacidad, consentimiento y respeto a la dignidad de las personas afectadas.
La salud mental de los propios periodistas también forma parte de las recomendaciones. La exposición continuada a muertes, destrucción y sufrimiento puede afectar a los profesionales desplazados, por lo que la guía plantea evitar exposiciones innecesarias a situaciones traumáticas y reclama que las redacciones incorporen esta dimensión a sus protocolos de seguridad.
Como herramienta práctica, el documento incluye una lista de comprobación previa a la publicación. Entre las preguntas que propone figuran si la información está confirmada, si la fuente es fiable, si el contenido podría provocar un pánico injustificado, si respeta la dignidad de las víctimas, si protege la identidad de los menores y si contribuye realmente a la seguridad de la población.
La iniciativa surge después de las dificultades afrontadas por periodistas en recientes emergencias sísmicas en Venezuela, Colombia e Indonesia, donde los equipos tuvieron que trabajar con riesgos físicos, problemas de comunicación y restricciones de acceso. La guía de RSF adapta y amplía las recomendaciones elaboradas inicialmente por el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela tras los terremotos registrados en junio de 2026, con el objetivo de que puedan utilizarse en coberturas sísmicas en cualquier país.
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