La vigilancia digital sobre periodistas ha dejado de ser una práctica excepcional vinculada principalmente a operaciones de seguridad para convertirse en una capacidad cada vez más extendida y accesible, mientras las leyes y los mecanismos de control avanzan mucho más lentamente que las tecnologías utilizadas para espiar. Es una de las principales conclusiones de Hacked Silence: Journalists and Surveillance – Addressing legal and regulatory challenges, el nuevo informe de la Federación Internacional de Periodistas (FIP).
El estudio sostiene que la combinación de software espía comercial, servicios estatales de inteligencia y mecanismos insuficientes de supervisión está generando un entorno en el que periodistas y fuentes pueden ser objeto de intrusiones selectivas, seguimiento de datos y otras formas de vigilancia capaces de afectar directamente al trabajo informativo. La FIP advierte de que la existencia de leyes sobre privacidad o interceptación no está evitando los abusos cuando fallan la supervisión independiente, la transparencia y la rendición de cuentas.
El informe, elaborado por la abogada especializada en derechos humanos y política digital Paula Ligia Martins, analiza legislación, regulación, resoluciones y jurisprudencia de Naciones Unidas, la Unión Europea, la Unión Africana y la Organización de Estados Americanos. Además, estudia con mayor profundidad la situación de diez países: India, Pakistán, Kenia, Italia, Serbia, Brasil, México, El Salvador, Líbano y Jordania.
La investigación identifica seis ámbitos especialmente relevantes: las garantías judiciales y el debido proceso; los límites legales a la vigilancia; los mecanismos de control y rendición de cuentas; las posibilidades de reparación para las personas afectadas; la existencia —o ausencia— de normas específicas para el software espía; y las diferencias entre regiones y sistemas políticos.
El patrón que se repite en los países analizados es que las capacidades técnicas de vigilancia y la compra de software espía avanzan con mayor rapidez que la regulación destinada a controlarlas. A ello se suman excepciones amplias justificadas por razones de seguridad nacional, procedimientos de contratación poco transparentes y controles judiciales o parlamentarios que en muchos casos resultan insuficientes.
La FIP señala que existe un consenso jurídico creciente en torno a principios como legalidad, necesidad, proporcionalidad, supervisión independiente y derecho a una reparación efectiva. Sin embargo, encuentra una distancia considerable entre estos principios y su aplicación práctica. Las normas pueden establecer límites a la vigilancia mientras los servicios de inteligencia mantienen amplios márgenes de actuación o quedan parcialmente excluidos de los sistemas ordinarios de control.
El informe dedica especial atención al software espía comercial, cuya expansión ha permitido que herramientas antes reservadas a servicios de inteligencia muy especializados puedan ser adquiridas por un número creciente de gobiernos. Pegasus, Graphite, FinFisher o DevilsTongue aparecen entre los sistemas documentados en diferentes investigaciones y casos de vigilancia.
Los casos examinados muestran además que el problema no se limita a regímenes autoritarios. Italia, por ejemplo, ha afrontado investigaciones por el uso de Graphite contra periodistas y activistas, mientras que en México la utilización de Pegasus contra profesionales de la información ha sido documentada durante diferentes administraciones. En Brasil, el informe recoge investigaciones sobre sistemas de geolocalización utilizados durante la presidencia de Jair Bolsonaro, y en El Salvador recuerda las infecciones con Pegasus detectadas en teléfonos de numerosos periodistas de medios independientes.
La vigilancia puede afectar al periodismo incluso cuando el periodista desconoce si su dispositivo ha sido efectivamente intervenido. La percepción de que llamadas, mensajes, desplazamientos o contactos pueden estar siendo observados puede hacer que los profesionales abandonen investigaciones sensibles, reduzcan el contacto con determinadas fuentes o adopten formas de autocensura, según el análisis.
La confidencialidad de las fuentes constituye uno de los principales riesgos. Acceder a los dispositivos o a los metadatos de un periodista puede permitir reconstruir sus comunicaciones, movimientos y relaciones profesionales sin necesidad de intervenir directamente a la fuente. El informe recuerda además que las consecuencias pueden ir más allá de la privacidad y facilitar amenazas, detenciones arbitrarias u otras formas de persecución.
La FIP considera insuficiente aplicar a estas tecnologías únicamente las normas tradicionales sobre interceptación de comunicaciones. Entre las medidas examinadas figuran autorizaciones previas por autoridades independientes, órdenes limitadas en el tiempo, obligación de justificar la necesidad y proporcionalidad de la vigilancia, registro seguro de las operaciones, posibilidades efectivas de recurso y mecanismos externos con capacidad real para investigar a los organismos de inteligencia.
El informe también recoge las propuestas internacionales para establecer controles específicos sobre el mercado del software espía, incluida la posibilidad de imponer moratorias a su venta, transferencia y utilización hasta que existan garantías adecuadas de derechos humanos. También plantea reforzar los controles a la exportación, la transparencia de las compras públicas y las obligaciones de las compañías que desarrollan o comercializan estas herramientas.
La regulación del software espía se está convirtiendo así en uno de los principales vacíos del marco de protección de periodistas y fuentes. En muchos países, estas tecnologías continúan sometidas a leyes concebidas antes de que fuera posible acceder de forma remota y prácticamente invisible a mensajes, archivos, ubicación, micrófonos o cámaras de un teléfono móvil.
El análisis también señala el papel de las empresas de telecomunicaciones, las grandes plataformas digitales y los intermediarios de datos. Los operadores pueden conservar metadatos y registros de localización accesibles mediante mecanismos legales de interceptación, mientras que las plataformas acumulan grandes cantidades de información sobre hábitos, relaciones y actividad de los usuarios que pueden acabar integrándose en sistemas de vigilancia.
La FIP utilizará las conclusiones del estudio para desarrollar su política sobre vigilancia y apoyar el trabajo de sindicatos de periodistas, asociaciones profesionales, medios y organizaciones de la sociedad civil. El documento constituye la segunda parte de una investigación iniciada con Global Surveillance of Journalists: A Technical Mapping of Tools, Tactics, and Threats, publicada en abril de 2026, que se centraba principalmente en las tecnologías y métodos utilizados para vigilar a los profesionales de la información.
La organización reclama ahora una respuesta regulatoria internacional más contundente. Su presidenta, Zuliana Lainez, sostiene que los gobiernos deben establecer con precisión qué herramientas de vigilancia pueden utilizarse, en qué circunstancias y por qué organismos, ante un escenario en el que la expansión de estas tecnologías está superando los mecanismos creados para controlar su utilización.
