El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) ha trasladado formalmente al Senado su preocupación ante el inminente tratamiento legislativo que plantea la derogación del Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908), una iniciativa que, según la organización, implicaría un retroceso significativo en la protección del ejercicio periodístico y en las garantías vinculadas a la libertad de expresión en Argentina, y que debería ser sustituida por un debate orientado a la actualización de la norma y no a su eliminación.
La entidad remitió una nota a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, presidida por la senadora Patricia Bullrich, así como a la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, y a los presidentes de los bloques Justicialista, Unión Cívica Radical y Pro, en la que expone los fundamentos legales y jurisprudenciales que, a su juicio, desaconsejan la derogación del estatuto. En el documento, FOPEA subraya que la supresión de la ley vulneraría el principio de progresividad en materia de derechos fundamentales, reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fallos como “Milone”, y podría afectar tanto a las condiciones laborales de los periodistas como al derecho de la ciudadanía a recibir información.
La organización recuerda además que el Estatuto del Periodista no se limita a regular aspectos laborales, sino que incorpora disposiciones específicas de protección de la libertad de expresión y del acceso a la información, como las recogidas en los artículos 5, 13 y 29 de la ley. En este sentido, cita la sentencia dictada por la Corte Suprema en el caso “Monzón, Florencio”, que reconoció el derecho de un periodista a acceder a un expediente judicial archivado tomando como referencia directa la Ley 12.908.
FOPEA también alude a la jurisprudencia que avala la constitucionalidad de la indemnización agravada prevista en el artículo 43 del estatuto, destinada a proteger la estabilidad profesional, y recuerda que el máximo tribunal ha señalado que la existencia de regímenes indemnizatorios diferenciados no vulnera el principio de igualdad ante la ley cuando responden a las particularidades de cada actividad.
Según la entidad, la derogación del estatuto tendría un impacto directo en varios ámbitos, entre ellos la definición misma de la identidad profesional del periodista, la fragmentación normativa entre provincias, la protección de las fuentes informativas y la calidad de los contenidos en un escenario marcado por la desinformación. En este marco, FOPEA sostiene que la eliminación de la ley facilitaría la precarización del trabajo periodístico y podría fomentar la autocensura.
La organización reconoce que el Estatuto del Periodista presenta elementos desactualizados y carencias frente a las dinámicas digitales actuales, pero insiste en que estas limitaciones no justifican su supresión. A su juicio, el camino adecuado pasa por una reforma legislativa que modernice la norma y la adapte a las transformaciones tecnológicas, preservando al mismo tiempo su función de protección profesional. Con este planteamiento, FOPEA instó a los distintos espacios políticos a abrir un debate amplio y federal y se puso a disposición del Senado para profundizar estos puntos en una reunión urgente.
