El Correo, uno de los medios afectados.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), entre otros organismos, ha manifestado su firme rechazo a la decisión del Juzgado de Instrucción número 1 de Barakaldo, que ha impuesto una fianza de 130.000 euros a los medios ‘El Correo’, EITB y Tele 7.

La medida exige el depósito en calidad de responsables civiles subsidiarios por haber publicado las declaraciones del exalcalde de Trapagaran, Xavier Cuéllar, a quien se acusa de un presunto delito de injurias graves.

La FAPE ha secundado el comunicado de la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas, que expresaron su solidaridad con los medios afectados y con los profesionales que han informado sobre el caso.

La FAPE, en un comunicado, denuncia lo que considera que es “una grave e inadmisible injerencia en nuestra labor profesional, que no es otra que la de informar con objetividad, para lo cual se requiere consultar las fuentes directas relacionadas con el hecho noticioso trasladando, a poder ser en su literalidad, las declaraciones que estas tengan a bien hacer acerca del mismo”.

Según la FAPE, “judicializar y cuestionar el trabajo de medios de comunicación y periodistas, y poner bajo sospecha el que recojamos declaraciones de quienes deontológica y profesionalmente consideremos oportuno, supone una forma de intervencionismo que denunciamos públicamente y no podemos pasar por alto”, continúa el comunicado respaldado por la FAPE.

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“Que se nos reclame por vía judicial y se nos penalice económicamente por entrevistar a unas u otras personas es tratar de limitar nuestro margen y libertad de acción, un ataque a la línea de flotación de nuestra profesión que amenaza el derecho de los ciudadanos a estar informados y pone en tela de juicio la libertad de prensa y la labor social del periodismo, fundamentales en democracia y que los diferentes poderes del Estado están obligados a garantizar y proteger, no a sojuzgar, facilitando el correcto desarrollo de las tareas informativas”, sostiene,

Por su parte, la Red de Colegios Profesionales de Periodistas, que congrega a colegios de diversas regiones españolas, se ha adherido a la condena de esta medida judicial. La Red advierte sobre los riesgos de judicializar la labor periodística y defiende el derecho a informar con objetividad, buscando sujetos implicados y fuentes fiables. Subrayan que decisiones como la del juzgado barakaldés constituyen un peligro para el funcionamiento democrático, en el cual el periodismo desempeña un papel esencial.

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